El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado junto a Rubén Rocha Moya de vínculos con Los Chapitos, ya no está bajo custodia del departamento federal de prisiones pero su proceso judicial continúa

El general Gerardo Mérida ya no está bajo custodia del sistema penitenciario estadounidense. El departamento federal de prisiones recoge su salida el 11 de agosto. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa está acusado junto al gobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios de trabajar para Los Chapitos. El militar, de 66 años, se entregó el 11 de mayo en Arizona a las autoridades estadounidenses y se declaró no culpable en su primer encuentro con el juez. Tenía una audiencia a principios de agosto, pero esta no se llevó a cabo. Ahora, aunque su proceso judicial continúa, ya no está dentro de una prisión, lo que abre la puerta a una colaboración con el sistema de testigos de Estados Unidos.

El camino del general Mérida sigue plagado de misterios. Nadie encontró el porqué este alto rango militar decidió entregarse en Arizona cuando su antiguo jefe, el gobernador morenista Rubén Rocha, y el resto de los que estaban acusados con él insistían en que Estados Unidos no tenía pruebas contra ellos. Una postura que defiende incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Gobierno de Donald Trump. Mientras la justicia estadounidense pide el arresto y la extradición de los funcionarios, la Administración mexicana se parapeta en la exigencia de que manden evidencias. De esa trinchera salió Mérida el 11 de mayo para entregarse a las siete de la tarde en Arizona. Tras cruzar la garita fronteriza de Nogales fue detenido. El 15 de mayo apareció encadenado ante la jueza Sarah Netburn.

El expediente contra Mérida afirma que el funcionario filtraba información a Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El entonces secretario de Seguridad estatal, entre 2023 y 2024, presuntamente informaba al Cartel de Sinaloa sobre los operativos contra laboratorios de droga para que los narcotraficantes pudieran mover equipos, drogas y personas con antelación y así evitar arrestos y decomisos. Lo hizo, al menos, en 10 ocasiones, según la acusación. A cambio, Mérida recibía sobornos de más de 100.000 dólares mensuales en efectivo, según el expediente. El general está acusado en Estados Unidos de conspiración para el tráfico de droga y de posesión de armas de fuego.

El 1 de junio, Mérida tuvo una audiencia de 20 minutos. En esa sesión, la jueza Katherine Polk, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que la evidencia que había contra el general y otros coacusados era 'mucha'. La juzgadora dio un plazo de dos meses a la Fiscalía para procesar las pruebas que había recabado contra el exfuncionario. También la defensa de Mérida, a cargo de la exfiscal Sarah Krissoff, iba a poder revisar las pruebas para preparar sus alegatos. Las partes debían comparecer de nuevo el 4 de agosto. No lo hicieron.

Con estas cartas sobre la mesa, la salida más probable para Mérida es la colaboración con la justicia estadounidense, como han hecho recientemente Ovidio y Joaquín Guzmán López, los hijos del Chapo, justo aquellos a quienes Estados Unidos acusa al general de haber protegido. Ambos se han declarado culpables y van a dar información a cambio de ver reducida su pena.

Mérida es, hasta ahora, el que peor parado ha salido de la acusación que Estados Unidos lanzó en mayo contra un plantel de funcionarios de Sinaloa. En el marco de una investigación contra Los Chapitos, llamada Estados Unidos contra Guzmán Salazar, el departamento de Justicia reveló 10 nombres que trabajaban para el Cartel de Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya encabezaba el señalamiento, pero también estaban el alcalde de Culiacán (la capital de Sinaloa), Juan de Dios Gámez, y el senador de Morena Enrique Inzunza. Ambos alfiles de Rocha Moya. El gobernador y el alcalde han pedido una licencia temporal para apartarse del cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga si hay pruebas para exigir la extradición de los políticos. Inzunza sigue en su puesto, aunque no ha vuelto a presentarse en el Congreso. Los tres han comparecido ante la FGR en calidad de testigos. El vicefiscal Dámaso Castro &mdashque también estaba en activo al momento de la acusación y también pidió licencia temporal&mdash es el cuarto testigo que se presentó a declarar a la Fiscalía.

Poca información ha trascendido sobre el exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza o del comandante municipal Juan Valenzuela Milán. Del exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio, solo se conoce que trató de ampararse ante una posible detención y extradición, y un juez se lo negó. Al también jefe de policía de investigación,Alberto Jorge Contreras, el Gobierno de Sinaloa pidió otorgarle una pensión de casi 4.000 dólares mensuales por retiro anticipado. Sin embargo, el caso más confuso es el del exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz. En un principio se asumió que Díaz se había entregado en Estados Unidos como Mérida, pero a día de hoy, no hay noticias de su paradero.

Fuente: https://elpais.com/