La propuesta de Sheinbaum reconoce las fallas del diseño original de la elección de jueces y magistrados, pero no disipa las dudas de los expertos y del sector empresarial sobre la calidad de las decisiones judiciales

El aluvión de críticas que produjo la primera elección popular de jueces en México &mdashtambién la primera de ese calibre en el mundo&mdash ha obligado al Gobierno de Claudia Sheinbaum a rectificar de cara a la segunda convocatoria. La euforia con la que el oficialismo encaró los resultados el 2 de junio, horas después de la inédita cita, comenzó a resquebrajarse poco después y ha terminado de desaparecer este lunes, con la presentación de una nueva propuesta de reforma que de facto reconoce y trata de enmendar gran parte de los errores del diseño original. Por ejemplo, la disparidad de criterios entre los comités de evaluación encargados de seleccionar las candidaturas o la ausencia de requisitos sólidos para valorar la idoneidad de los aspirantes. Distintos sectores de la sociedad civil, desde el ámbito jurídico hasta el empresarial, han empujado durante meses para que los próximos comicios, que renovarán los puestos pendientes, corrijan los aspectos más nocivos de los anteriores. El Ejecutivo ha cedido al empuje, pero el primer esbozo no termina de disipar las dudas ni ahuyentar los temores.

La iniciativa, que llegará esta semana al Congreso para buscar una aprobación rápida, indolora y en periodo extraordinario, no aterriza en el vacío. Las preocupaciones habían crecido incluso dentro del partido gobernante, el único que había visto como un 'éxito' la primera elección de juzgadores &mdashcasi 2.700 cargos&mdash, y hace apenas un mes un grupo de morenistas ya impulsó una primera propuesta de reforma. El proyecto, encabezado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y el senador Javier Corral, ambos oficialistas, entre otros legisladores, ya apuntaba hacia algunas correcciones incluidas en el plan presidencial, como el endurecimiento de requisitos de los postulantes o la recuperación de las dos salas &mdashahora 'secciones'&mdash de la Suprema Corte. Otras, como la creación de un comité único de evaluación, han sido descartadas

'Llama la atención que, habiendo una iniciativa sobre la mesa, la presidenta esté enviando una propia de todos modos. No sé lo que significa en términos de acuerdos o divisiones dentro de Morena', señala Laurence Pantin, coordinadora del Observatorio de Justicia del Tecnológico de Monterrey. El oficialismo gestiona a tientas, y a base de ensayo y error, el regalo de despedida que le ofreció al expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de su retiro. Las prisas con las que se hizo obligan hoy a lidiar al partido con las consecuencias, pero nadie termina de ver con claridad las soluciones de fondo.

La experta presentó, junto con otras organizaciones civiles y empresariales, algunas de las muchas iniciativas de reforma que han rondado las mesas de expertos en el último año. Hay todavía mucho en juego: en 2028 se renovarán cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de Tribunales Colegiados, 385 jueces de Distrito y más de 3.000 juzgadores locales. Pantin ve con buenos ojos el aplazamiento de la elección para evitar que coincida con los comicios estatales y locales, pero recela de que pueda hacerlo con la revocación de mandato, pues eso dificulta asegurar que los representantes de los partidos no intervengan en los comicios judiciales.

La politización de la Justicia es uno de los puntos clave que no termina de resolverse, al menos, en el boceto presentado este lunes por la mandataria mexicana. 'Está bien tener un número menor de aspirantes para cada cargo, pero por otro lado implica que los comités &mdashuno por cada poder público&mdash van a tener todavía más poder, y la propuesta no dice nada sobre quiénes deben integrarlos. Ni siquiera pusieron la palabra independencia como parte de los requisitos para hacer parte', señala también el abogado Luis Tapia. Independencia es también el término que resuena dentro del sector privado, no solo en lo que respecta a los evaluadores de los candidatos, sino a quienes resulten juzgadores electos. La preparación de los tribunales para ofrecer decisiones imparciales e informadas sobre causas mercantiles, aduaneras y financieras ha estado en el centro de la agenda de los empresarios. Este asunto no ha pasado desapercibido para el Gobierno, que está esforzándose por destrabar las mayores preocupaciones del sector, entre otras, la incertidumbre jurídica.

La principal patronal mexicana, Coparmex, ha reconocido este lunes como 'un avance' la propuesta de postergar la elección judicial hasta 2028, y ha invitado a abrir un diálogo que considere las posturas de la industria en el texto final de la iniciativa, cuyo primer borrador todavía se desconoce. 'Frente a un entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del TMEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza', han expresado en un comunicado. Las consultorías jurídicas de las empresas se abocarán a revisar la iniciativa, que se espera esta semana, pero se mantienen las dudas sobre si su contenido se resumirá a una postergación de la votación o si realmente abordará las preocupaciones de los empresarios.

'Lo que se presentó es una modificación de cómo hacer las cosas, en términos formales, de fechas y comités', sintetiza Antonio Ocaranza, consultor de empresas en temas de políticas públicas. 'La reforma no asegura que el resultado de una elección judicial sea de un poder judicial independiente e imparcial, que no esté al servicio del Poder Ejecutivo, como es la inquietud que existe hoy en el sector privado', añade.

Las preocupaciones empresariales también están alineadas con las del despacho presidencial, que ha hecho de la ralentización de la economía una prioridad de la agenda con la presentación de un ambicioso plan para incentivar a los capitales. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en el primer trimestre de 2026 un 0,8% dando señales de una capacidad industrial débil, justo en la antesala de la compleja revisión del tratado de libre comercio que México comparte con Estados Unidos y Canadá. EE UU también ha advertido sobre el efecto perjudicial de la elección y ha insistido en la necesidad de asegurar la independencia de los jueces.

Sin embargo, la mandataria ha rechazado que la reforma pueda ser un factor para la caída del PIB. 'El otro día vinieron unos empresarios de distintas cámaras y decían: 'Es que hay incertidumbre jurídica por el Poder Judicial'. Les digo, a ver, denme una resolución, de la Corte o de algún juez, injusta contra alguna empresa, una. No pudieron decir ninguna', ha señalado este lunes la mandataria. 'La Corte ha resuelto temas en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a favor de algunas empresas. O sea, no hay incertidumbre jurídica', ha zanjado. La desconfianza, sin embargo, se mantiene en diversos sectores, a la espera del texto que modifique la polémica reforma inicial. La letra pequeña de la ley será la que confirme o disipe los temores que continúan agolpándose a las puertas del Congreso.

Fuente: https://elpais.com/